Los problemas de las empresas españolas para cumplir con las numerosas normas legales existentes
El Consejo General de Economistas publicaba el pasado mes de diciembre su informe “Implicaciones económicas del funcionamiento de la Justicia en España”, en el que se ponía de relieve que el elevado número de disposiciones normativas aprobadas en España por el Estado y las diecisiete comunidades autónomas, multiplicaba por diez las producidas por el Estado federal alemán con una población que casi duplica la española. Concretamente, en 2015 se publicaron casi un millón de páginas en los boletines oficiales de ámbito estatal y autonómico.
Esta realidad compromete cada vez más el resultado económico de las empresas españolas, ya que las exige cumplir constantemente con un gran número de requerimientos y disposiciones, sobre todo en los campos ligados al ámbito fiscal, laboral y contable de las empresas. Desde la constitución de la sociedad, su registro, la llegada de nuevos socios, la presentación de las cuentas anuales e impuestos, o la contratación de nuevos profesionales, son retos a cumplir por todas las empresas, con independencia de su tamaño y sector.